NACIONALIZACIONES |
A seis años de haberse iniciado su implementación, la política de
nacionalización del Gobierno fue calificada de “inviable”, “poco conveniente” y
“negativa” por los analistas económicos Álvaro Ríos, Bernardo Prado y Julio Gastón Alvarado.
Por A. D. Hans
Soria O. - Los Tiempos - 4/08/2012
La nacionalización o expropiación de 16 empresas estratégicas,
implementada por el gobierno de Evo Morales en seis años de gestión, “es
inviable”, “resulta poco conveniente” y es un hecho “negativo”, según la
evaluación de los analistas económicos Bernardo Prado, Álvaro Ríos y Julio Gastón Alvarado.
Ríos, exministro de Hidrocarburos, después de declararse “escéptico”
respecto a los resultados de la expropiación de empresas estratégicas, refiere
que “las actividades privadas en manos del Estado no son muy eficientes, por
tanto la nacionalización es un proceso inviable “porque lo que es de todos es
de nadie”.
Enfatiza en que “la denominada nacionalización de empresas estratégicas
a favor del Estado fue una simple compra de acciones”.
Para Prado, director de la publicación digital especializada
hidrocarburosbolivia.com, la nacionalización de varias empresas petroleras, por
ejemplo, le otorgó una presencia predominante y hasta hegemónica al Estado en
el sector de hidrocarburos, algo que no siempre resulta ser lo más conveniente
porque la nacionalización ahuyentó, en los hechos, las inversiones privadas en
exploración y explotación de hidrocarburos.
Recomienda, sin embargo, seguir el ejemplo de Perú, un Gobierno que se
caracteriza por generar, ofrecer y ejercer un modelo que tiene como principal
objetivo atraer inversión privada basándose en la libre competencia; con un
aparato estatal que, en ese caso, se limita solamente a promocionar, negociar y
supervisar la ejecución de los contratos de exploración y explotación.
El criterio de Alvarado, experto en
comercio exterior, concuerda con el de Prado en que la mayoría de las
expropiaciones dieron resultados negativos porque alejaron las inversiones
extranjeras y no generaron rentabilidad.
“Por ejemplo, antes de la supuesta nacionalización de los hidrocarburos,
Bolivia solamente importaba diesel, en la actualidad importa diesel, gasolina y
GLP”, dice para ilustrar. Señala que en 2005, por la importación de
combustibles, se pagó 235 millones de dólares; mientras que en 2011 ese monto
subió a 1.025 millones de dólares, es decir que el gasto se multiplicó por
4,36.
“Antes de la supuesta nacionalización se perforaban más de 20 pozos de
hidrocarburos, ahora no superan los 10 pozos anuales”, agrega.
Respecto a las posibilidades de que el Estado salga victorioso de
instancias de conciliación o arbitraje internacional, a los que acudieron
varias empresas afectadas en sus intereses económicos, Alvarado
y Ríos coinciden en que será necesario contratar abogados internacionales para
una adecuada defensa, debido a que en Bolivia no hay profesionales
especializados en el área.
Basado en datos de la Procuraduría General de Estado, Alvarado señala que Bolivia enfrenta actualmente unos 15
casos de arbitraje internacional, de los cuales tres fueron solucionados
recientemente y 12 quedan pendientes.
Comentó, sin embargo, que el Derecho Internacional público permite que
los Estados puedan llevar a cabo nacionalizaciones, siempre y cuando cumplan
una necesidad social.
Estatización
obedece a la CPE
Con la nacionalización de la empresa Transportadora de Energía Eléctrica
(TDE), el pasado 1 de mayo, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) asumió
el control total de la cadena productiva de energía eléctrica en el país,
establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), sostiene el gerente
general de la estatal eléctrica, Hugo Villarroel.
Villarroel señala que, el año pasado, ENDE logró acuerdos con empresas
que en el pasado fueron accionistas de las generadoras eléctricas de Valle
Hermoso y Corani, a las que se pagó 10,2 y 18,4 millones de dólares,
respectivamente, por la transferencia definitiva de sus acciones al Estado,
representado por ENDE.
Resta concretar similares acuerdos con Elfec, Guaracachi y la TDE, acota
Villarroel.
En 6 años - 16 empresas estatizadas
Desde el 1 de mayo de 2006, a pocos meses de haber asumido la
conducción del Estado, el presidente Evo Morales inició un proceso de
estatización de compañías privadas que, en seis años, totalizó 16 empresas
consideradas estratégicas para la economía nacional según el siguiente resumen:
El primero de mayo de 2066, las empresas de hidrocarburos Chaco, Andina
y Transredes; el 22 de diciembre de 2006, la empresa de agua y saneamiento
Aguas del Illimani; el 7 de febrero de 2007, el Complejo Metalúrgico de Vinto;
el 5 de mayo de 2007, la empresa Petrobras (Refinerías Guillermo Elder Bell y
Gualberto Villarroel); el 1 de mayo de 2008, la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel) y la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia
(CLHB); el 1de mayo de 2009, la distribuidora de hidrocarburos AIR BP; el 1de
mayo de 2010, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (Elfec).
Continuando con el proceso, el 1 de mayo de 2010, el Gobierno recupera
para el Estado las generadoras eléctricas de Corani y Valle Hermoso, de
Cochabamba, y Guaracachi, de Santa Cruz.
Además de la planta de fundición de antimonio; el 1 de septiembre del
mismo año, se estatiza a favor del Gobierno Departamental de Chuquisaca, la
Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) y el 1 de mayo de este año, la
Transportadora de Energía Eléctrica (TDE) a favor de la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE).
Uno de los argumentos para que el Gobierno implemente la nacionalización
a partir del 1 de mayo de 2006 fue que se cumplía con el mandato del pueblo,
que en el referéndum de 2004 habría manifestado su aceptación para recuperar
los hidrocarburos.
APUNTES
• Según el decreto 29541, del 1 de mayo de 2008, el precio de cada
acción de la empresa Chaco sería de 29 dólares, por lo que con más de 8 millones
en acciones habría que pagarle 233.4 millones de dólares.
• La compensación acordada con Transredes fue por 12.6 millones de
dólares; con Andina no se reportaron las negociaciones y con la CLHB, el Estado
pagó 20,1 millones de dólares, según el decreto 29542.
• Mediante decreto, Petrobras llegó a un acuerdo para pagar 112 millones
de dólares por la venta al Estado de las refinerías Guillermo Elder Bell de
Santa Cruz y Gualberto Villarroel de Cochabamba.
• La empresa italiana a cargo de Entel logró un acuerdo con el Estado
para recibir una indemnización de 100 millones de dólares. Además, el Estado se
hizo cargo de sus pasivos contingentes de la empresa, por lo que tendrá que
desembolsar adicionalmente 109 millones de dólares.
OPINIÓN
“Estancamiento por falta de inversión”
Bernardo Prado | Director de hidrocarburosbolivia.com
“A pesar de haberse recuperado (nacionalizado) para el Estado las
empresas Chaco, Andina, Transredes, Pan American Energy y la Air BP, la
producción de gas natural en Bolivia se mantuvo prácticamente estancada con un
incremento de apenas 0.8 millones de metros cúbicos diarios.
Este estancamiento se debe a la falta de inversiones en actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, los montos invertidos
en este rubro no guardan relación con los astronómicos ingresos percibidos por
concepto de la renta petrolera a partir de la nacionalización de los
hidrocarburos.
El problema está en que, actualmente, tenemos en vigencia una Ley de
Hidrocarburos (3058), promulgada el año 2005 y que no es compatible en ningún
sentido con la “nueva” Constitución Política del Estado. Los responsables de
solucionar ese aspecto están demorando muchos años en cumplir su tarea.
Mientras Bolivia no brinde un marco legal coherente y atractivo para
atraer inversiones y destrabar el sector hidrocarburífero boliviano, vamos a
tener que vivir con el Jesús en la boca y atentos a que el precio del petróleo
nos sonría a todos, algo que hasta ahora, afortunadamente, está ocurriendo.
