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Anteproyecto. La norma dará incentivos a planes
destinados a la industrialización
La Razón / Aline Quispe / La Paz
02:20 / 01 de febrero de 2013
Con la futura Ley de Promoción
de Inversiones, el Gobierno ejercerá mayor control a las inversiones que
ingresen al país y otorgará incentivos a aquellas destinadas principalmente a
proyectos para la industrialización de los recursos naturales y al cambio de la
matriz productiva. El miércoles, el presidente Evo Morales entregó el
anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones al empresariado privado para
que efectúe un análisis técnico de la norma y presente sus observaciones y
sugerencias.
El texto, al que tuvo acceso La Razón, dispone que la
inversión extranjera que ingrese al país deberá registrarse en el Banco Central
de Bolivia (BCB) “en formatos específicos que garanticen la captura de
información referida a los aportes y modalidades de inversión establecidas”.
El ente emisor otorgará un
certificado de ingreso de aportes para invertir en el Estado. Para ello,
establecerá un reglamento. El expresidente del BCB Armando Méndez dijo que la
medida es “un registro” por el cual el Estado “será un fiscalizador riguroso de
las inversiones extranjeras”. Para el analista económico Julio Alvarado será un
mecanismo positivo para controlar la “inversión directa real” porque en el país
hay “deficiencias” en las estadísticas en este tema.
La norma añade que los ministerios
cabeza de sector harán el “seguimiento periódico a las inversiones que se
efectúen en su sector y en particular a las inversiones preferentes”. Al
respecto, Alvarado aseguró que los ministerios podrán hacer un “seguimiento
estadístico” de las inversiones privadas, pero el procedimiento de control de
éstas provocaría “un desincentivo más para las inversiones”.
Incentivos. El anteproyecto
autoriza al Estado otorgar “incentivos generales” para aquellas inversiones que
se destinen a proyectos contemplados en el marco del Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES) e “incentivos específicos” para los destinados a
proyectos de inversión preferente.
Para Méndez, la ley concreta lo
dispuesto en la Carta Magna que establece “que el Estado es el encargado del desarrollo
económico en el país y por ello es quien orienta dónde debe ir la inversión
privada (...). En la norma, la inversión privada nacional o extranjera se
subordina a los intereses que el Estado determine”.
Alvarado mencionó que dar
incentivos a las inversiones “no tiene relevancia” porque la ley “no tiene
sentido si el Gobierno no se compromete a dar seguridad a las inversiones”. La
ministra de Planificación, Viviana Caro, aseguró que la norma dará seguridad
jurídica al inversor y al Estado. Con ello, la ministra sostuvo que se espera
atraer inversiones al país. “Creemos que esto va a ser un paso importante para
poder avanzar hacia las metas de la agenda 2025”, aseveró.
La ley ordena que la
“rentabilidad de las propuestas de proyectos de inversión preferente, no esté
condicionada a los incentivos” otorgados. Las inversiones preferentes son
aquellas que en el marco del PDES se dediquen a proyectos para la
“industrialización de recursos naturales y el cambio de matriz productiva,
asociados a la transferencia tecnológica y a la generación de empleo digno”.
Dichas inversiones son aquellas
vinculadas al desarrollo de una o varias etapas al complejo productivo o de
servicios avanzados en las áreas de hidrocarburos, minería, infraestructura,
energía y otras que generen valor agregado y complementariedad con la inversión
estatal.
Asimismo, las destinadas
primero a sectores productivos no tradicionales que den valor agregado y a las
orientadas a la generación de los polos de desarrollo en actividades de interés
estratégico para la economía o reduzcan las desigualdades económicas, sociales
y regionales en el país. Méndez indicó que al país continuarán llegando
inversiones para el sector petrolero, pero no para otros sectores porque no “es
atractivo” para los inversores internacionales que buscan invertir de “forma
libre (y) sin subordinarse a un plan estatal”.
Municipios
y regiones
Los gobiernos subnacionales
darán incentivos para las inversiones que ayuden a erradicar la pobreza y a
reducir la desigualdad económica, social y regional.
Capitalistas
extranjeros deberán reinvertir sus utilidades
El Estado boliviano suscribirá
“contratos de asociación” con los inversionistas extranjeros para el
“aprovechamiento de los recursos naturales” si estos últimos garantizan la
reinversión de las utilidades económicas en el país.
El parágrafo II del artículo 15
del anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones dispone que los
“inversionistas extranjeros que suscriban contratos de asociación para el
aprovechamiento de recursos naturales” deben cumplir con lo establecido en el
artículo 351 de la Constitución.
La Carta Magna señala que el
Estado podrá firmar dichos contratos con “personas jurídicas, bolivianas o
extranjeras, para el aprovechamientos de los recursos naturales, debiendo
asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”.
Para el analista económico Julio Alvarado es un “error”
lo establecido en la Carta Magna porque se ahuyentará la llegada de
inversiones. “Con esto, quién va a querer invertir en el país si está obligado
a reinvertir sus ganancias”.
El expresidente del Banco
Central de Bolivia (BCB) Armando Méndez coincidió con Alvarado al afirmar que
la medida “no atraerá inversiones extranjeras porque es una restricción
que no se puede cambiar porque ya está normada”. La norma autoriza además al
Estado dar incentivos a las inversiones que tendrá una vigencia temporal, que
aplicarían de uno a 20 años dependiendo de la actividad económica. Pero, los
incentivos se pueden cancelar o suspender si no cumplen los objetivos por los
que se les dio o por el incumplimiento de las inversiones.
Los
ministerios plantearán
Los tipos
de incentivos
Los incentivos generales y
específicos a las inversiones serán propuestos por los ministerios cabeza de
sector al Ministerio de Planificación. Para ello, en el primer caso se
adjuntará el estudio de identificación de oportunidades y resultados esperados
en la economía y, para el segundo, el proyecto del inversionista y la
evaluación del ministerio.
Bolivia no
avalará contratos de crédito externo o interno
Con la norma, el Estado no
avalará ni garantizará contratos de crédito externo o interno suscritos por
personas naturales o jurídicas de derecho privado, bolivianas o extranjeras. El
analista económico Julio
Alvarado dijo que es positivo, pues si una firma invierte en el país
“debe asumir sus riesgos y el Estado no puede hacerse cargo de esto”.
Los
tratados deberán adecuarse a la nueva ley
La Disposición Adicional
Segunda del anteproyecto de ley indica que los tratados referidos a inversiones
extranjeras que sean renegociados conforme a la Constitución Política del
Estado (CPE), deberán adecuarse a las regulaciones establecidas en la presente
ley y formalizarse a través de acuerdos marcos de inversión.
Estado
descontará deudas por pasivos ambientales
En caso de solución de controversias por
nacionalizaciones, el Estado reconocerá un pago justo y oportuno. El pago justo
descontará deudas tributarias, laborales, sociales y pasivos ambientales y se
realizará en el país, en moneda nacional, garantizándose su libre
convertibilidad y transferencia al extranjero, señala el Artículo 27.
