La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas calificó como “un problema importante planteado al sistema de fiscalización internacional de drogas” la reciente decisión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de denunciar la “Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes” y que ha “observado con hondo pesar este paso sin precedentes del Gobierno boliviano y expresa su preocupación, entre otras cosas porque, si bien la denuncia en sí es técnicamente admisible a tenor de la Convención, va contra el objeto fundamental y el espíritu de dicho instrumento”, en el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2011, publicado el día de hoy 28 de febrero de2012 (E/INCB/2011/1).
Como nunca antes, el Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el señor Hamid Ghodse de nacionalidad iraní, le dedica en el Prefacio del Informe un párrafo entero a la decisión boliviana de denunciar la “Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes”.
El Gobierno de Bolivia envió una nota de protesta rechazando el Informe de la JIFE, señalando que "el Estado Plurinacional de Bolivia desea llamar la atención con hondo pesar sobre el carácter y las inferencias sesgadas de su nota, a tiempo de rechazar los juicios inaceptables, cuando la JIFE y su Secretaria debería limitarse a sugerir consultas, establecer un diálogo y solicitar explicaciones de los Estados”, en una misiva fechada el 24 de febrero del año en curso.
Autoridades del Gobierno de Evo Morales manifiestan que el problema es de demanda y que los países desarrollados debían solucionar su problema de consumo de drogas.
Al respecto, cabe señalar que en el Informe 2011 de la JIFE se establece que “la prevalencia anual del uso indebido de opioides en América del Sur (principalmente del consumo con fines no médicos de opioides de dispensación con receta) se sitúa entre el 0,3% y el 0,4% de la población adulta, lo que representa entre 850.000 y 940.000 personas de 15 a 64 años. El Estado Plurinacional de Bolivia (0,6%), el Brasil (0,5%) y Chile (0,5%) siguen teniendo tasas altas de uso indebido de opioides” (página 79, párrafo 541).
Por lo tanto, el consumo ilegal de drogas es también un problema para Bolivia, el país tiene un porcentaje superior a la media suramericana, a Brasil y Chile. Por lo tanto, la inseguridad ciudadana que viven bolivianas y bolivianos tiene una de sus raíces en el narcotráfico.
Este Informe 2011 de la JIFE ha dañado la imagen del país, los responsables son las autoridades bolivianas que equivocadamente mandan mensajes preocupantes a la comunidad internacional, no solo la denuncia de la “Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes”, sino los anuncios de incrementar los cultivos de la hoja de coca de 12.000 hectáreas legalmente establecidas en la Ley 1008 a 20.000 hectáreas.
Otro hecho alarmante que presente el Informe 2011 de la JIFE se encuentra en el párrafo 509, que señala el incremento de la producción y consumo de marihuana:
“509. En el Estado Plurinacional de Bolivia, las incautaciones de plantas y de hierba de cannabis han ido aumentando progresivamente, de 125 toneladas en 2006 a 1.900 toneladas en 2009. En 2010 ascendieron a unas 1.100 toneladas.”
Junto a estos hechos, el Gobierno del Presidente Evo Morales no puede concluir, desde hace más de seis años, repito, más de seis años, el estudio sobre la cantidad necesaria de coca para el consumo tradicional.
El estado inconcluso de este informe financiado por la Unión Europea, demuestra la complicidad de algunos países para que no se conozca a ciencia cierta la cantidad de coca que requiere Bolivia para el uso tradicional. ¿Sabrán los contribuyentes europeos que sus impuestos se malgastan en estudios que nunca concluyen? ¿Qué dirán los indignados europeos y los estudiantes españoles, que no tienen trabajo y que deben pagar altas matrículas en las universidades, mientras que recursos europeos son despilfarrados en países en desarrollo?
El tema del narcotráfico es un problema boliviano, porque se cultivan más de 20.000 hectáreas de coca ilegal, porque se produce cocaína ilegal, el año 2011 se logró incautar 29,1 toneladas, y lo más importante, porque un 0,6% de la población adulta boliviana consume drogas.
Los intereses del país no pueden depender de los intereses de los productores de hoja de coca del Chapare, coca que en más del 90% termina en las manos de los narcotraficantes.
