• Los exportadores señalaron que están
“contra la pared”. La Cainco de Santa Cruz dice que el incremento salarial no
contempla la realidad de las empresas.
En opinión del economista Julio Alvarado, el incremento salarial
del 20 por ciento al mínimo nacional propuesto por el Gobierno tendrá impactos
diferentes dependiendo de la formalidad de los sectores. Pero advirtió que en
algunos casos la propuesta gubernamental que fue aceptada por los trabajadores
obligará a las empresas a la informalidad, especialmente de aquellas unidades
productivas pequeñas.
En torno al impacto en el sector público, no será
de magnitud por la baja incidencia de los salarios en el PGN. El Gobierno ha
reconocido que por cada punto porcentual del incremento representa $us 17
millones y en la magnitud del aumento el costo para el sector estatal será de
$us 170 millones, lo que representa una cifra que no implica otras
consideraciones, sostuvo el analista.
Argumentó que en la empresa privada las
consecuencias de la propuesta gubernamental no serán uniformes, destacando que
existen rubros en los cuales no se tendrán mayores inconvenientes como el
bancario y el agroindustrial. Sostuvo que en el primer caso se han registrado
ganancias extraordinarias y en el segundo citó a los productores de azúcar cuyo
precio se duplicó en la pasada gestión.
En el sector exportador considera que la nueva
escala salarial afectará a las empresas muchas de las cuales han perdido
mercados internacionales. “No se trata de un incremento salarial en sí, sino de
una reposición del poder adquisitivo de los salarios”, precisó Alvarado, quien añadió que los
niveles inflacionarios como el registrado el 2008 fueron del 11 por ciento.
Larry Serrate, presidente de la Camex, sostuvo que
el incremento salarial debiera ser consecuencia de políticas de Estado que
permitan de forma “natural” a las empresas a proceder al aumento, "sin que
éstas se vean obligadas a hacerlo", sostuvo.
“Si una empresa incrementa sus ingresos no tendría
por qué objetar un aumento salarial. Lamentablemente en el sector exportador
las políticas de Estado impiden lograr mayores niveles de competitividad”.
Serrate citó el caso de la devolución impositiva
cuya demora representa a los exportadores una pérdida por la elevación de los
costos financieros. Comparó que en el Perú el Estado procede con la devolución
fiscal en un plazo de cinco días y que en Bolivia este tiempo se prolonga por
dos años o más.
Sostuvo que por estas razones “no están dadas las
mejores condiciones en las políticas del Estado en Bolivia para mejorar la
situación empresarial de forma que se pueda responder a las necesidades
salariales de los trabajadores”.
“Estamos contra la pared” porque no contamos con
una “espalda financiera” que respalde este tipo de medidas, indicó el directivo
del sector exportador. El Gobierno y la COB suscribieron un acta de
entendimiento el jueves pasado en el que se fijó un incremento del 8% al
salario básico y un 20% al salario mínimo nacional.
Por su parte, la Cámara de Industria, Comercio,
Servicios y Turismo de Santa Cruz – Bolivia (Cainco), a través de su presidente
Luis Fernando Barbery Paz, puso de manifestó su preocupación por el incremento
salarial pactado entre el Gobierno central y la Central Obrera Boliviana (COB),
a través del cual se prevé un aumento del 8% al salario básico y un 20% al
salario mínimo nacional, dijo ANF.
“Un incremento como el que se definió, por encima
de la inflación y sin el concurso de los empresarios, impide que se desarrollen
planes de inversión, que generarían más empleos e incrementos sostenibles de
salario para más bolivianos”, aseveró a través de un comunicado, el presidente
de la Cainco.
El empresario cruceño observó que “el presidente
Morales fijó la meta de llegar al 2025 erradicando la pobreza extrema de
Bolivia, visión a la que todos los bolivianos nos adherimos, pero establecer un
incremento salarial sin tomar en cuenta la realidad de las empresas es poner
trabas en este camino, pues sólo se puede disminuir la pobreza con inversión”.
Alvarado anticipo que el aumento está muy bien para
los trabajadores, pero "en el sector privado muchas de las unidades
productivas formales serán no solamente empujadas a la informalidad, sino que
tendrán que tercerizar los bienes o servicios requeridos a objeto de evitar las
cargas sociales del caso".
Consultado en torno al sector informal, el
economista cree que la medida gubernamental no tendrá ningún impacto porque
este sector se desarrolla en un régimen donde no se aplica la legislación
laboral.
